Tras cincuenta años residiendo en la misma vivienda en Parla, Nani y Mariano han sido desahuciados. Viven junto a su hijo discapacitado por encima del 80%. No han podido afrontar la subida de alquiler impuesta por su casera. Una cuantía de 700 euros, lo mismo que cobran como pensión de jubilación.
La PAH que se ha hecho cargo del caso hasta su resolución, había protestado alegando las directrices de la ONU, que piden paralizar desahucios de manera cautelar. Sin embargo, tras tres ocasiones en las que se consiguió posponer el desahucio, el juzgado ha decidido desestimar la postura de la PAH.
Para Ricardo Gómez, portavoz de la plataforma, “el juez no ha considerado oportuno acatar el mandamiento de Naciones Unidas, que es completamente vinculante con el Estado Español”. Además, asegura que “no es la primera vez” que un juzgado no se pliega a la resolución de Naciones Unidas y continúa con un deshaucio.
En respuesta, PAH emitirá una queja internacional con la esperanza de que se sancione al Estado.
Nani y Mariano, además de vivir junto a su hijo discapacitado, solía encargarse del cuidado de su nieta. Durante casi cincuenta años habían disfrutado de un alquiler razonablemente bajo, debido a la antigüedad del contrato, pero recientemente han tenido que enfrentarse a una subida planteada por su casera.
Esta acción, según informa la PAH, se llevó a cabo con fines especulativos: una razón más para la indignación popular en la localidad. En respuesta a la situación de la familia, los vecinos de Parla y la PAH han convocado una protesta a las puertas del Ayuntamiento con el objetivo de paralizar el proceso de desahucio.
